Si bien es cierto que las redes sociales presentan riesgos significativos para los menores, considero que una regulación estatal excesiva podría resultar contraproducente. El debate, por tanto, no debería centrarse en prohibir, sino en cómo regular de forma efectiva. Los estudios demuestran que la exposición prolongada a las redes sociales se asocia con niveles más altos de ansiedad y baja autoestima en adolescentes. Según los expertos, el problema no reside en la tecnología en sí, sino en la ausencia de educación digital. Cabe señalar que no todos los estudios llegan a las mismas conclusiones, aunque la tendencia general es preocupante. Comprendo que quienes defienden la regulación estricta tienen argumentos válidos: la capacidad de los menores para gestionar los efectos de las redes es limitada. Sin embargo, la experiencia de países que han impuesto restricciones absolutas demuestra que los jóvenes encuentran formas de eludirlas, lo que puede generar un uso más desordenado y sin supervisión. A mi modo de ver, la solución más efectiva combina una regulación mínima —límites de tiempo, restricciones de edad verificadas— con una inversión sería en programas de educación digital en los centros escolares. En definitiva, y a la vista de lo expuesto, no se trata de prohibir, sino de enseñar. Sería deseable que las políticas reflejaran esta complejidad en lugar de optar por soluciones simplistas que ignoran la realidad digital en la que viven los jóvenes.